- Con el fin de detectar posibles situaciones de malos tratos físicos, económicos o derivados de la falta de atención en sus necesidades básicas y establecer las intervenciones necesarias.
- Unas 7.500 personas mayores en Euskadi podrían estar siendo víctimas de una situación de maltrato.
- El resultado, en casos graves o muy graves, supone comunicaciones a la Fiscalía, a los servicios de inspección de las Diputaciones Forales, así como la realización de partes de lesiones y solicitud de un administrador cautelar, llegado el caso.
Tal y como se hizo público en la novena edición del Simposio IMQ Igurco Orue de Atención al Paciente Mayor, ya en el año 2011 el Gobierno Vasco realizó un estudio que dio como resultado la estimación de un 0,9% de personas mayores en las que se encontró sospecha de malos tratos, porcentaje que se elevó a un 1,5% según la percepción de las y los entrevistadores del estudio. Esto da una cifra de más de 7.500 personas mayores en Euskadi que, a día de hoy, podrían estar sufriendo una situación de maltrato. Una vez más, cada 15 de junio (fecha instaurada por la Organización de Naciones Unidas), el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, pone el foco social en esta realidad.
Atento a este problema social, IMQ Igurco cuenta con un Protocolo de prevención y detección de malos tratos, instaurado en todos sus centros, incluidas las residencias y los centros de día. Según explica la Dra. Naiara Fernández, directora Asistencial de IMQ Igurco, el objetivo de este protocolo propio es «detectar posibles situaciones de malos tratos físicos, económicos o derivados de la falta de atención en sus necesidades básicas, y establecer las intervenciones necesarias de las personas usuarias de servicios de nuestras residencias o centros de día».
Este procedimiento de trabajo se encuentra dentro del Proceso Asistencial de este grupo sociosanitario vasco, tanto en la fase de ingreso, como en el plan de cuidados individual y el seguimiento posterior.
«En el momento de valoración al ingreso o durante la estancia en el centro, el trabajador social determina si existen indicios de que la persona usuaria pueda estar expuesta a alguna situación de maltrato. En tal caso, se cumplimenta un cuestionario y, en el caso de que se identifiquen dos o más factores de riesgo, desde Trabajo Social se coordina con el equipo multidisciplinar las intervenciones a realizar, consensuadas con la persona usuaria. También se comunica al servicio social de base correspondiente, si procede, adjuntado la autorización de la persona usuaria», explica la Dra. Naiara Fernández.
Además de lo anterior, en los casos en los que se detecte un indicio de maltrato, se presenta a la persona mayor un segundo cuestionario, en este caso, de detección de indicadores de malos tratos físicos y económicos.
Esta herramienta ayuda a valorar la gravedad de los indicadores e intervenir en función del resultado, que puede variar desde la ausencia de riesgo, hasta el riesgo grave, riesgo muy grave y la intervención inmediata.
En los casos de riesgo grave, se realiza una valoración geriátrica integral y se pone en marcha un plan de intervención sociosanitario. El seguimiento de este plan de intervención depende de cada situación, atendiendo a las características y gravedad del caso y, siempre, en coordinación con el equipo multidisciplinar y las entidades implicadas. Asimismo, se valora periódicamente el nivel de riesgo asociado para determinar la continuidad del procedimiento.
Por otro lado, en los casos en los que el segundo cuestionario dé como resultado una situación de riesgo muy grave de maltrato o de intervención inmediata, «se comunica el caso a la Fiscalía, adjuntando además, un informe de situación de la persona usuaria, un parte de lesiones (en el caso de que las hubiera) y una solicitud de administrador cautelar (en los casos de maltrato económico). En esta última situación, además, se ha de informar al Servicio de Inspección de la Diputación Foral correspondiente», explica la Dra. Naiara Fernández.
La directora Asistencial de IMQ Igurco recuerda que en la detección de riesgo de maltrato a las personas mayores de 65 años «se ha de poner especial atención en personas mayores en situación de dependencia, con dificultades para la comunicación o con dificultades para el acceso a recursos sociales».
El protocolo finaliza cuando no se detectan factores de riesgo y se ha garantizado la seguridad y el bienestar de la persona usuaria.